Es cierto que esta crisis es global pero también que ha dejado al descubierto nuestras propias vergüenzas como país. Podemos seguir hablando sobre las causas, la burbuja inmobiliaria, los bancos excesivamente volcados en el sector constructor/promotor o las cajas arruinadas por gestores políticos, incluso sin formación financiera, más preocupados de hacer un aeropuerto innecesario o un rascacielos megalómano como sede de una pequeña caja de ahorros; pero la situación es la que es y mientras otros países ya han salido de la crisis o están empezando a hacerlo, los españoles vemos como en España no se atisba la salida del túnel.
¿Se han preguntado porqué tenemos más paro que Grecia o porqué
España tiene el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea? ¿Se han preguntado porqué somos el cuarto país de Europa con más impuestos si nuestro estado del bienestar y los servicios de los que disponemos son bastante más reducidos y sin embargo la Administración sigue teniendo un enorme déficit? Nuestro principal problema es una administración sobredimensionada, excesivamente burocratizada y sobre todo muy muy costosa. Una administración cuyo excesivo coste repercute negativamente en el ciudadano al suponer mayores impuestos pero menos servicios. Resulta por tanto paradójico que se siga recortando en lo que necesitamos y no en lo que sobra, en lo que no necesitamos y además nos cuesta muy caro de mantener.
Mientras en cuatro años
350.000 familias han perdido su casa y el paro roza ya los 6 millones de personas, es sorprendente que desde que empezó la crisis hasta finales de 2011, los empleados públicos aumentaran en 350.000, casi todos en las autonomías.
El número de funcionarios en España está por debajo de la media europea y no hay más personal sanitario en los hospitales ni más profesorado en los colegios pues, al contrario, entre 2010 y 2012, en las aulas españolas hay 80.981 alumnos más pero 4.526 profesores menos. ¿Qué ocurre entonces?
En total, el traspaso de competencias del Estado a las comunidades autónomas ha implicado un traspaso de 821.357 empleados. Sin embargo los asalariados de las autonomías superan ya los 1.740.000 empleados. ¿Dónde están esos 900.000 empleados de más que tienen las autonomías si no hay más médicos ni más profesores? 520.000 son enchufados en las casi 3.000 empresas, agencias o fundaciones autonómicas creadas para colocar a primos, cuñados y demás cohorte de la casta política. Estas son las empresas que no han parado de contratar gente, incluso en plena crisis y mientras se subían impuestos y se recortaban servicios sociales o se despedía personal sanitario o de educación. El resto, unos 400.000 son el producto de multiplicar por 17 la estructura de gestión. No es cuestión por tanto de mejorar la gestión de las autonomías; es un problema estructural.
¿Podemos pagar más por haber multiplicado por 17 la administración de la sanidad y que una ambulancia no te lleve a otra comunidad o que para que pueda hacerlo haya que gastar tiempo y sobre todo mucho dinero en convenios entre las 17 autonomías?
¿Es sostenible que cada comunidad tenga un sistema informático incompatible con el resto o que haya que gastarse los impuestos en crear “comisiones” de políticos y expertos para que los ordenadores puedan pasarse el historial médico de un paciente? ¿Tiene sentido que estemos pagando mucho más por gestionar la sanidad en lugar de dedicarlo a tener más hospitales y más personal sanitario o que un hospital de Canarias pida el historial de un paciente catalán, vasco o gallego y como mínimo tenga que buscar, y pagar, un traductor para no cometer un error médico? Las mismas preguntas surgen si pensamos en la educación, la justicia...
¿Sabías que hay subvenciones a la abeja extremeña o la abeja catalana cuando en toda la península solo hay una única especie de abeja ibérica o que La Rioja tenía una Consejería de Sanidad autonómica, con toda su estructura y cargos, para gestionar un único hospital (ahora tres)?. Que a pesar de que la Constitución Española dice que la política exterior es competencia exclusiva del Estado, la Junta de Extremadura creó en su día el cargo de asesora en Asuntos Africanos (sueldo 50.918 €) y que las autonomías se gastan 310 millones de euros al año en “embajadas u oficinas exteriores”, destacando el caso de la ciudad de Sao Paulo donde existen 11 oficinas de autonomías a pesar de haber previamente una del Estado [1].
Además del innecesario coste, el principal indicador del disparate autonómico es que somos el país que más informes emite y más burocracia genera, 17 mini-estados que dificultan la economía y hacen ingobernable el país. ¿Tiene alguna lógica, después de tanto hablar del fomento de la economía para salir de la crisis, que un empresario pueda pasar un verdadero infierno burocrático, con 17 normativas diferentes para todo, si abre un negocio con oficinas en varias autonomías?
¿España federal?
Mientras en Europa y el resto del mundo los países se unen buscando eliminar legislaciones, uniendo monedas, eliminando trabas administrativas y buscando hacer más sostenible y eficiente la administración para facilitar la creación de prosperidad económica y por tanto de empleo... en España nos inventamos las autonomías no sólo para multiplicar el gasto sino además la burocracia, y la ingobernabilidad. Unas autonomías que nacieron para para integrar al nacionalismo vasco y catalán y teóricamente para acercar la administración al ciudadano pero que en la práctica se han demostrado insostenibles en cuanto se acabaron los generosos pero artificiales ingresos de la burbuja inmobiliaria.
Ahora, cuando la
mayoría de los españoles quiere eliminar las autonomías o reducir sus competencias al mínimo, cuando Europa, el FMI... señalan a las autonomías como el principal problema que tiene España para salir de la crisis, muchos partidos (Psoe, IU, UpyD...) se afanan en pedir una España federal y otros como el PP se desviven en defender contra viento y marea la conveniencia del sistema autonómico con declaraciones tan sorprendentes como las de
Javier Arenas proclamando que el PP defiende las autonomías todavía más que el PSOE. Otros políticos recurren a la demagogia y al discurso del miedo, pretendiendo asociar la eliminación de las autonomías con una supuesta disminución de las garantías democráticas. Pero la democracia no depende de cuántos niveles administrativos y burocráticos se tengan (y se paguen) sino de cuestiones menos habituales en los discursos de nuestros políticos, pero muy necesarias, como la separación de poderes y la garantía de independencia de organismos de control como el Banco de España o el Tribunal de Cuentas. No hacen falta autonomías para tener y gestionar hospitales o colegios, pero sí hace falta una justicia totalmente independiente del poder político y sin ningún tribunal elegido por los partidos, sí hacen falta listas abiertas y partidos políticos más “democráticos”. Aunque esos son temas que parecen no interesar a ninguno de los partidos del arco parlamentario estatal y autonómico, ni por supuesto a su cohorte de enchufados que igual prefieren el sistema actual que favorece la corrupción y el nepotismo.
Hay muy pocos países federales en el mundo y si miramos su origen, en su mayoría surgieron uniendo territorios independientes para buscar un mayor tamaño y eficiencia. Otros como Australia, se justifican por ser muy muy extensos. Aquí en España, sin embargo, hemos ido contracorriente, dividiendo un país, creando 17 burocracias y multiplicando sin necesidad y lo que es peor, sin control, el gasto de una administración pública excesivamente engordada. Es curioso que, en todos estos países federales, sus estados tienen menos competencias y menor porcentaje sobre el gasto público total que las autonomías españolas. Sirvan como ejemplo la comparación entre los landers alemanes que “sólo” administran un 20% del gasto público (y hace pocos años decidieron ceder aún más competencias al Estado alemán) y las autonomías españolas que controlan alrededor del 56% del gasto público total.
En su defensa de las autonomías, algunos proponen adelgazarlas o reducirlas a 6, 5, 4... Si multiplicar la burocracia y el gasto al dividir la administración se ha demostrado innecesario y sobre todo caro, ¿tiene alguna lógica mantenerlas aunque sea reduciendo su número?. Sin duda tendrían un menor sobrecoste, pero seguiríamos “tirando” nuestros impuestos en mantener una administración sobredimensionada en lugar de invertirlo en lo que nos interesa.
Administración Local: Diputaciones, Ayuntamientos, entidades comarcales...
Mientras el disparate autonómico nos ha llevado a tener las regiones más “engordadas” del mundo, tenemos sin embargo la administración local con menos competencias y porcentaje de gasto público de toda Europa, si exceptuamos a miniestados como Malta o Luxemburgo.
A diferencia de las autonomías, la administración local es necesaria, aunque también necesita reformas. Es incomprensible por ejemplo que un alcalde pueda decidir su sueldo o que tengamos más de 8.000 ayuntamientos y centenares de organismos comarcales innecesarios.
Las Diputaciones deben servir exclusivamente para prestar servicios a los municipios que estos no puedan asumir o que sea más eficiente gestionar de forma conjunta: bomberos, basuras, arquitectos, recaudación de impuestos…). Sin embargo, para su cometido, las Diputaciones no necesitan generar normativa ni tampoco tener cargos políticos salvo quizá la presidencia. El resto, incluidos los puestos directivos, deben ser empleados y técnicos por oposición libre.
La situación es tan dramática y tan urgente la necesidad de reducir aún más el déficit para poder reducir impuestos y eliminar los recortes en los servicios sociales básicos, permitiendo así empezar a dejar de empobrecernos y salir de la crisis, que se hace obligatorio adelgazar la Administración. Pero, al contrario de lo que se ha recortado hasta ahora, lo que hay que eliminar de la administración es lo que sobra, no lo que necesitamos. Hay que repensar la administración, disminuyendo costes innecesarios y buscando la eficiencia para poder dedicar los recursos a lo que verdaderamente nos interesa. Centralizar en el Estado todo lo que sea mejor y/o más barato ser gestionado de forma centralizada. Con el tiempo parte de esas competencias irán a Bruselas pues, si queremos competir con los países emergentes, no nos queda más que unirnos, disminuir costes y buscar la eficiencia. Y por otro lado pasar a los Aytos y Diputaciones las competencias que se gestionan mejor desde la administración local; reformando profundamente las Diputaciones , suprimiendo entidades comarcales y fusionando ayuntamientos pequeños.
Pero, ¿es posible eliminar las autonomías?
La Constitución Española permite pero no obliga a tener una administración intermedia entre el Estado y la Administración Local.
Sería interesante analizar cómo han llegado muchas regiones a la autonomía o cómo
incluso se obtuvo de forma ilegal en Andalucía. El estatuto de Cataluña de 2006 fue votado por menos de la mitad de los catalanes con derecho a voto (el 51,2% no lo votó). En el referéndum del primer estatuto andaluz, el 20 de octubre de 1981, la abstención se acercó al 50% por lo que realmente sólo fue votado favorablemente por el 47,8% de los andaluces mientras el 52,2% no lo votó o lo hizo en contra o en blanco. Peor aún son los datos del referéndum del segundo estatuto andaluz, el de 18 de febrero de 2007, donde sólo acudió a votar el 36,28% de la población con derecho a voto por lo que el vigente estatuto de autonomía de Andalucía sólo fue votado favorablemente por el 31,05% de los andaluces. 7 de cada 10 andaluces no lo votaron o lo hicieron en contra o en blanco.
La estructura política e institucional de las comunidades autónomas está empobreciendo a los ciudadanos mientras sigue enriqueciendo a una casta política indigna.
En un primer paso, si hubiera voluntad política, se podrían empezar a adelgazar YA las autonomías: eliminación de TODAS las empresas, agencias y fundaciones públicas; eliminación o venta de las televisiones autonómicas; cierre inmediato de “embajadas” autonómicas y devolución inmediata de algunas trasferencias al Estado o los ayuntamientos.
En un segundo paso, habría que convocar referéndum y preguntar al ciudadano si está dispuesto a seguir manteniendo el innecesario, ineficiente y caro sistema autonómico o prefiere ahorrarse los 86.000 millones anuales [2] que estamos pagando de sobrecoste para mantener las autonomías.
Es obvio que ningún partido va a tirar piedras sobre su propio tejado, sobre el sistema que da de comer a decenas de miles de enchufados en la Administración. Así que esto sólo puede venir por auténtica exigencia ciudadana. Una sociedad civil activa no puede permitir que los intereses políticos terminen de arruinar a los españoles. Es hora de alejarse de consignas y movimientos partidistas, de sindicatos clasistas que sólo representan sus propios intereses o de medios de comunicación que sólo actúan como altavoces del mensaje de las castas políticas. Sólo los ciudadanos españoles, de forma tan pacífica y civiliza como decidida y valiente, señalando y denunciando la situación podemos seguir despertando a la sociedad civil hasta que los partidos políticos terminen por tener que admitir la realización de un referéndum sobre las autonomías y las reformas estructurales que necesitamos para garantizar la democracia y evitar que nos vuelva a estafar la casta política en un futuro.
El Presidente del Gobierno puede solicitar al Congreso de los Diputados autorización para efectuar un referéndum consultivo sobre el tema de las autonomías. (Ley orgánica 2/1980). El Congreso por mayoría absoluta puede autorizar la convocatoria y el Presidente del Gobierno solicita al rey su convocatoria. (Art.92.2 Constitución Española). Desde este punto, para la ejecución del Referéndum se aplica el Régimen Electoral General (Ley Orgánica 5/1985).
Si el resultado del referéndum obliga a cambiar la Constitución, debe procederse a aplicar el artículo 167 de la Constitución Española e iniciar el trámite correspondiente.
Una inmensa mayoría de ciudadanos empiezan a señalar con el dedo a las autonomías como el principal problema que tenemos los españoles para poder hacer sostenible la administración y mantener el estado del bienestar. Es cierto que las castas políticas siguen aferrándose a ellas mientras prefieren seguir recortando servicios y cargando el peso de esta crisis sobre el ciudadano. Pero, si en Reino Unido o Alemania un ministro se ve obligado a dimitir por una simple multa de tráfico, ¿cuánto tiempo aguantará aquí una casta política indigna (desde la izquierda hasta la derecha pasando por los nacionalistas) sin atajar el cáncer autonómico que nos está arruinando, si la sociedad civil sigue empobreciéndose pero empieza a levantar su voz pacíficamente para señalar con el dedo a la raíz del problema?
[1] Datos del libro “La casta autonómica” de Sandra Mir y Gabriel Cruz.
[2] Datos del Banco de España referidos al año 2011.
Artículos legales relacionados con el tema:
Constitución Española:
Corresponde al Rey:
a. Sancionar y promulgar las Leyes.
b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d. Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes.
g. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno.
h. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j. El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una Ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
Artículo 167.
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Ley Orgánica 2/1980
El referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.
